Por Roberto Canga Lama
Presidente del Movimiento de Derechos Humanos 8 de agosto
Desde la Prisión Kilo 5 en Pinar del Rio. Cuba
En los últimos discursos, el presidente Raúl Castro ha hecho alusión a los llamados “cuellos blancos” de Cuba, y nos preguntamos: ¿Han sido juzgados todos los corruptos? ¿Lo fue el director del Instituto de Aeronáutica Civil, el general Rogelio Acevedo? ¿Lo fueron Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, Jorge Luis Sierra o Yadira García? El propio Raúl Castro expresó que algunos de ellos tuvieron que ver con negocios ilícitos, y otros son responsables de pérdidas millonarias, y citó el artículo 41 de la Constitución de la República, el cual expresa que “todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes”. Sin embargo, esto parece no aplicarse en el caso de quienes están cerca de los llamados líderes históricos de la revolución.
En cambio, a algunos ciudadanos, por delitos que no implican pérdidas superiores a los mil pesos, se les ha sancionado a condenas de más de quince o hasta treinta años de privación de libertad.
En otro de sus discursos, Raúl habló de desterrar la mentira de Cuba. Sin embargo, hace más de un año y cuatro meses se les prometió a los sancionados en la causa 18 del 2003 y a sus familiares la salida definitiva del país, y solo lo han conseguido tres de ellos. El resto permanece en prisión.
El 23 de diciembre fueron indultados poco más de 2 900 presos, lo cual constituye un insulto a la familia cubana. También fueron deportados ciudadanos extranjeros, que solo habían extinguido una pequeña parte de su condena.
De esta manera el gobierno cubano viola el artículo 42 de la Constitución, que plantea que “La discriminación por motivos de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otro lesivo a la dignidad humana, está proscrita y es sancionada por la ley.”
Algunos, sancionados a diez y doce años de prisión por el supuesto delito de tráfico de personas, continúan presos tras haber extinguido más de la mitad de su condena, a pesar de mantener una conducta excepcional. Sabemos que toda persona que decida enfrentarse al gobierno cubano, aún cuando tenga la razón, está expuesta a calumnias de todo tipo, como ser llamados “asalariados del imperialismo”, mercenarios, gusanos.
Muchos opositores fueron víctimas de estas campañas, como Ricardo Bofill, Orlando Zapata Tamayo, Juan Wilfredo Soto García, Wilman Villar Mendoza. Estamos conscientes de los riesgos, del peligro para nuestras vidas, de las torturas y golpizas que nos esperan con tal de amedrentarnos. Sin embargo, ante las injusticias que se cometen con nosotros, no encontramos otra alternativa que la de usar nuestros cuerpos como protesta.
Por lo tanto, debido a que el gobierno cubano viola los artículos 41, 42, 59, 63, 66 y 122 de la Constitución, con lo cual no respeta ni sus propias leyes, hemos acordado llevar a cabo una huelga de hambre el próximo 23 de febrero para:
1º Sumarnos al pedido de Orlando Zapata Tamayo, el cual entregó su vida por sus ideales, porque nuestra tierra sea libre de la injusticia, la opresión, la mentira, la indolencia, el abandono social, la falta de democracia y otros muchos males.
2º Que se aplique el artículo 65 inciso 3 de la Constitución de la República en aquellos delitos que no sean contra personas.
3º Que ninguna pena en Cuba exceda los veinte años con derecho a un 30% de rebaja.
4º Que todos los presos atendidos por la Seguridad del Estado que posean motivaciones políticas sean puestos en libertad, incluyendo a los presos políticos.
5º Que se permita la existencia del pluripartidismo en la isla.
6º Que haya elecciones libres y democráticas.
Hágasele saber a la prensa internacional y a cuantas instituciones y personas sea posible.
