El clero denuncia el encierro en un duro comunicado. Asegura que se trata de un 'acto ilegítimo e irresponsable', cuyo objetivo es crear 'situaciones críticas'.
LA HABANA. (AFP)- Trece opositores, entre ellos cinco mujeres, permanecen desde el martes en una iglesia de La Habana para, aprovechando la cercanía de la visita del Papa, hacer públicas demandas de apertura política en la Isla y exigir el cese de la represión.
"Ahí están, han presentado una carta a la Iglesia y están esperando respuesta. Ya saldrán" (en algún momento), dijo a la agencia AFP el sacerdote Roberto Betancourt, párroco de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, en el barrio de Centro Habana, donde los opositores, miembros del Partido Republicano de Cuba (PRC), continuaban este miércoles.
El activista del PRC Julio Beltrán dijo que los ocupantes del templo quieren que sus demandas sean escuchadas por el Papa.
Según la AFP, en la oficina del templo varias personas hacían fila este miércoles por la mañana para sacar turnos de bautizos, sin que se apreciara presencia policial en los alrededores.
Sin embargo, Beltrán aseguró a DIARIO DE CUBA que los opositores han sido amenazados por las autoridades con sacarlos del templo "por la fuerza" y la agencia independiente Hablemos Press informó que la iglesia está "sitiada por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional".
Iglesia: 'Acto ilegítimo e irresponsable'
Este miércoles, el Arzobispado de La Habana calificó de "acto ilegítimo e irresponsable" todo acto que "pretenda convertir el templo en lugar de demostración política pública, desconociendo la autoridad del sacerdote, o el derecho de la mayoría que va allí en busca de la paz espiritual y el espacio para la oración".
Una nota firmada por Orlando Márquez, portavoz del cardenal Jaime Ortega, afirma que la Iglesia "escucha y acoge a todos", e igualmente "intercede por todos", pero no puede aceptar los "intentos que desvirtúan la naturaleza de su misión o pueden poner en peligro la libertad religiosa" de quienes visitan las iglesias.
El Arzobispado cree que "nadie tiene derecho a convertir los templos en trincheras políticas" ni a "perturbar el espíritu celebrativo de los fieles cubanos".
"Se trata de una estrategia preparada y coordinada por grupos en varias regiones del país. No es un hecho fortuito, sino bien pensado y al parecer con el propósito de crear situaciones críticas a medida que se acerca la visita del Papa Benedicto XVI", dijo el portavoz.
Otros lugares de la Isla
Miembros del PRC han realizado actos similares en Holguín, Santiago de Cuba, Las Tunas y Pinar del Río, informó el activista de derechos humanos Ignacio Estrada.
En esta última provincia, siete opositores fueron arrestados con violencia en la parroquia de San Juan y Martínez, denunció a DIARIO DE CUBA el disidente José Rolando Cáceres.
Cáceres dijo que los disidentes pidieron "de forma pacífica, sin violencia" al párroco local que le hiciera llegar a las autoridades una petición de diálogo.
"Nos dijo que la Iglesia no era una vía para la política ni para demostrar nada en contra del régimen", afirmó el activista.
Añadió que fue "detenido por la Seguridad del Estado y arrastrado a la estación de la Policía" en un momento en el que salió del templo. Los demás opositores fueron capturados cuando intentaban apoyarle.
"No somos delincuentes", dijo Cáceres e insistió en que la actitud de los opositores es "pacífica". Advirtió que este miércoles volverían a intentar entregar la carta con los reclamos del PRC en la parroquia de San Juan y Martínez.
En el documento, publicado en su sitio en internet, el PRC exige "libertad sin condiciones" para los presos políticos; el cese de la "represión y persecución" de los opositores; un "aumento de salarios y pensiones a retirados acorde con el costo de vida actual" y "derecho a propiedad privada, libertad de expresión y asociación".
Asimismo, "acceso a información sin censura incluida internet, a los medios de información o derecho a crear alternos"; "libertad de movimiento dentro de la Isla" y derecho a "salir y entrar del país"; un "pacto nacional" y el "paso a un gobierno provisional con el fin de crear el marco legal para el funcionamiento de un Estado de derecho".
El texto, firmado por director ejecutivo nacional del PRC, Vladimir Calderón Frías, llama además al pueblo a una "huelga nacional" y a "salir a la calle a exigir sus derechos".
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