El Gobierno paga 2.000 euros al mes a cada uno de los 762 disidentes y familiares.
Madrid, España, (EL PAÍS)- "Esto no tiene precio". Ricardo González se expresaba así hace un año al enfrentarse a un plato de carne en el hostal del barrio de Vallecas (Madrid), donde llegó tras pasar siete años en las prisiones de La Habana. González, periodista de profesión, fue arrestado en virtud de una ley mordaza durante la oleada represiva de la primavera negra de 2003. Recaló en España en el primer contingente de disidentes y sus familiares, gracias a las gestiones entre Madrid, La Habana y el arzobispado de la isla. Hoy es libre.
El Gobierno ha destinado, según cálculos realizados por EL PAÍS con informaciones oficiales, 12,6 millones de euros a mantener a disidentes que, como González y su familia, arribaron a España desde julio de 2010. Se han invertido 2.000 euros mensuales para promover la inserción de las 762 personas (115 antiguos presos y 647 familiares), que llegaron en el último año, según fuentes gubernamentales, que insisten en que este dinero "aspira solucionar una situación puntual y no es un cheque en blanco".
La partida procede de presupuestos de ayuda al desarrollo y pretende garantizar la subsistencia del colectivo en un país azotado por la crisis y con 4,9 millones de parados. El dinero lo han repartido las ONG Cruz Roja, Accem y CEAR, que han colaborado en la inserción del grupo.
Debido a la dificultad de encontrar trabajo (ninguno tiene empleo fijo), el Gobierno amplió a seis meses los subsidios, que rondan los 1.000 euros por familia y que se destinan al alquiler, manutención y necesidades básicas. "Estamos a favor de la prórroga del Ejecutivo, aunque debería ampliarse a refugiados de todas las nacionalidades", explica Estrella Galán, secretaria general de CEAR, que teme que el colectivo cubano concentre todas las partidas destinadas a los refugiados.
Entre los disidentes, la incertidumbre laboral es una constante. "Resulta complicado encontrar trabajo en España, he sido preseleccionado en varias ocasiones, pero al final no me cogen por mi edad", explica el periodista Julio César Gálvez, de 65 años. Perteneciente al Grupo de los 75, que es como se conoce a los 52 arrestados en 2003, Gálvez fue condenado a 15 años de prisión por expresar sus ideas a través de la disidente Radio Progreso, de la que era director. "El Gobierno español se ha portado de maravilla", concluye.
Desde julio de 2010, 11 disidentes se han ido de España -nueve a Estados Unidos, uno a Chile y otro a la República Checa- y otros partirán esta semana a Miami. La mayoría aceptó el estatus de protección internacional asistida, que conlleva permiso de trabajo y residencia y abre la puerta a la nacionalidad a los dos años.
El Gobierno concedió el asilo político a los que se consideran víctimas de la represión castrista. "Fui perseguido y estuve en la cárcel por mi forma de pensar", aseguró Ricardo González, que llegó a ser delegado en la isla de Reporteros sin Fronteras antes de ir a parar al hostal de Vallecas.
