Por Dania Virgen García
Las Tunas, Cuba. (PI)- Juan Miguel Cancañón Martinez, ex-dirigente, militante del Partido Comunista y combatiente internacionalista, ha decidido acudir a la prensa independiente para “acusar a altos dirigentes de la provincia de Las Tunas y a la fiscalía provincial y nacional por haber violado sus derechos”.
Refiere que en el mes de marzo de 2002, la fiscalía de la provincia Las Tunas le aplicó el decreto ley 149.
En un registro practicado en su domicilio le fueron decomisadas todas sus pertenencias, hasta la ropa interior.
También le confiscaron la cuenta que tenía en moneda nacional y divisa en el Banco Popular de Ahorro.
A Cancañón lo expulsaron de su centro de trabajo, el Combinado Cárnico “Álvaro Barba”, en el municipio tunero de Colombia, donde laboraba desde 1994 y ocupaba el puesto de jefe de la empacadora.Lo acusaron de tener un nivel de vida que no podía justificar con el salario que devengaba como dirigente.
No estando de acuerdo con la sanciones, desde el año 2002 Miguel empezó a reclamar a todas las instancias del gobierno.
Narra que ha hecho, entre otras, cinco reclamaciones a la Fiscalía de la provincia de Las Tunas, tres a la Fiscalía Nacional, enviado cinco cartas al Comité Central del Partido Comunista, seis cartas a Finanzas y Precios y una al periódico Granma.
Refiere Cancañón que con tantas cartas y visitas que hizo, al fin lo recibió el 12 de octubre de 2007 el Director Jurídico a nivel nacional de Finanzas y Precios Nacional, Alejandro Vigil, quien le comunicó que no existía expediente alguno con los datos del acta confiscatoria de sus bienes firmada por la ministra.
Luego de nueve años de reclamar lo que considera su derecho ante las autoridades, Juan Miguel Cancañón pidió ayuda a la prensa independiente y los activistas de Derechos Humanos, para que se hicieran públicos los “abusos” que se han cometido contra él.
Además de a los altos dirigentes de Las Tunas y a la Fiscalía, Cancañón acusa al ex ministro de la Industria Alimenticia, Alejandro Roca, “que se encuentra en prisión por robarle al pueblo y carecía de moral para aplicar ningún tipo de sanción contra mí”, dijo.
Cancañón, que nunca ha sido sancionado por los tribunales, se considera “traicionado por la revolución, al no recibir la oportunidad de defenderse ante una imputación, donde ha prevalecido la mentira, se viola la constitución y se destruye lo que vale”.
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